吃瓜大本营

El Congreso aprueba la Ley de Refugiados de 1980, que alinea a Estados Unidos con la Convenci贸n sobre Refugiados de 1951 y garantiza que las personas que huyen de la persecuci贸n por 芦motivos de raza, religi贸n, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opini贸n pol铆tica禄 no sean devueltas a lugares donde corren el riesgo de ser perseguidas.

El proyecto de derechos de los inmigrantes (IRP) de la ACLU se funda bajo el liderazgo de Lucas Guttentag con la misi贸n de proteger los derechos de los inmigrantes.

La ACLU se une a varias organizaciones religiosas y de derechos civiles en una demanda colectiva que cuestiona la denegaci贸n discriminatoria por parte de la administraci贸n Reagan a casi todas las solicitudes de asilo de personas provenientes de El Salvador y Guatemala, donde se libraban guerras civiles que involucraban a militares financiados por Estados Unidos.鈥疉 la larga, el gobierno accedi贸 a conceder nuevas audiencias de asilo a 240.000 personas de estos pa铆ses.

La ACLU se une al Centro de Derechos Constitucionales y a los estudiantes de derecho de Yale para impugnar la detenci贸n de solicitantes de asilo haitianos positivos para VIH en un campo de detenci贸n en Guant谩namo, logrando finalmente su liberaci贸n y el cierre del campo.

Los votantes de California adoptan la propuesta 187, negando la mayor铆a de los servicios sociales, de salud y de educaci贸n a cualquier persona sospechosa de no ser ciudadano o residente legal. La propuesta tambi茅n requiere que la polic铆a, los profesionales de la salud y los maestros verifiquen e informen el estatus migratorio de las personas, incluido el estatus de los ni帽os. La ACLU del Sur de California y el Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoestadounidense (MALDEF) presentan un recurso constitucional contra la medida, que finalmente prevaleci贸 despu茅s de una batalla legal de cinco a帽os que impidi贸 su implementaci贸n.

El Congreso promulga dos nuevas leyes punitivas bastante radicales: la Ley de Reforma de la Inmigraci贸n Ilegal y Responsabilidad ante la Inmigraci贸n que impone sanciones penales y restricciones a una amplia gama de inmigrantes, y la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales que impone una prohibici贸n de cinco a帽os a la mayor铆a de los inmigrantes legales antes de que puedan ser considerados para recibir beneficios p煤blicos federales.

Estados Unidos aplica un sistema de 芦deportaci贸n acelerada禄 que funciona pr谩cticamente en clandestinidad y evita que se respeten las garant铆as procesales de las personas que solicitan asilo. Los funcionarios de inmigraci贸n de bajo rango tienen autoridad para negar la entrada a personas que buscan refugio bas谩ndose en una determinaci贸n in situ. La ACLU, liderando una coalici贸n de organizaciones de derechos civiles, grupos de refugiados y bufetes de abogados pro bono, organiza una impugnaci贸n legal al sistema de deportaci贸n acelerada.

California aprueba la AB 540, una ley hist贸rica que ampl铆a la elegibilidad para la matr铆cula estatal a ciertos estudiantes que se graduaron de las escuelas secundarias de California, incluyendo a los estudiantes indocumentados. En 2010, la corte suprema de California ratifica la ley tras las impugnaciones de grupos antiinmigrantes. La ACLU presenta un amicus curiae en el caso Mart铆nez contra los directivos de la Universidad de California, junto con el Centro Nacional de Leyes de Inmigraci贸n, la ACLU del norte de California, la ACLU del sur de California y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial.

En respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos aplica una amplia gama de restricciones de car谩cter estricto contra inmigrantes, musulmanes, 谩rabes y sudasi谩ticos. Estados Unidos pone fin a posibles negociaciones con M茅xico sobre un acuerdo de legalizaci贸n de la inmigraci贸n, impone nuevas restricciones fronterizas, recorta el reasentamiento de refugiados, crea un sistema de registro discriminatorio (NSEERS) y aprueba la Ley REAL ID, que descalifica a muchas categor铆as de inmigrantes para obtener la licencia de conducir.

El Congreso aprueba la Ley de Seguridad Nacional de 2002, creando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y numerosas agencias bajo su direcci贸n, incluyendo el Servicio de Inmigraci贸n y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protecci贸n Fronteriza (CBP), adem谩s de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. En los a帽os siguientes la financiaci贸n para estas agencias se dispara: la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza pr谩cticamente se duplica entre los a帽os fiscales 2003 y 2019, y el n煤mero de agentes del ICE dedicados a la Oficina de Detenci贸n y Deportaci贸n (ERO) casi se triplica durante este mismo per铆odo.

Los activistas antiinmigrantes forman los Minutemen, un grupo de vigilancia destinado a monitorear, intimidar y disuadir a los inmigrantes sospechosos de ingresar sin inspecci贸n por la frontera sur, especialmente en Arizona. La ACLU de Nuevo M茅xico entrena equipos de observadores legales voluntarios para seguir, fotografiar y grabar en video a los Minutemen y reunir pruebas para posibles demandas por derechos civiles.

Millones de inmigrantes y aliados marchan en ciudades de todo el pa铆s para protestar contra un proyecto de ley aprobado por la C谩mara de Representantes patrocinado por el representante James Sensenbrenner. El proyecto de ley criminaliza el estatus de indocumentado y tipifica como delito ayudar a inmigrantes indocumentados. Los manifestantes denuncian el proyecto de ley y exigen una reforma migratoria integral con un camino hacia la ciudadan铆a. En respuesta, el Congreso debate, pero no logra aprobar una reforma migratoria integral.

La ACLU de los Condados de San Diego y Imperial encabeza una coalici贸n de grupos de derechos civiles para bloquear una ordenanza de la ciudad de Escondido que proh铆be a los propietarios alquilar a inmigrantes indocumentados. Finalmente se resuelve la demanda, y se proh铆be permanentemente la ordenanza. La ACLU California Action luego ayuda a aprobar una ley estatal, la primera en la naci贸n, que proh铆be a otros ayuntamientos de California promulgar ordenanzas antiinmigrantes similares (Garrett contra la ciudad de Escondido).

Mientras tanto, la ciudad de Hazleton, Pensilvania, aprueba una ordenanza antiinmigraci贸n que obliga a los propietarios a revisar los documentos de inmigraci贸n de los inquilinos y proh铆be el alquiler a personas indocumentadas. M谩s de 100 ayuntamientos y estados aprueban leyes similares, lo que provoca demandas de la ACLU en todo el pa铆s, incluidas las de la ACLU de Texas y MALDEF contra la ciudad de Farmers Branch,鈥疶exas. Pr谩cticamente todas las leyes similares son anuladas por los tribunales al ser consideradas inconstitucionales.

En respuesta a los Minutemen y otros crecientes conflictos de derechos civiles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y M茅xico, la ACLU de Nuevo M茅xico, con el apoyo de la ACLU, funda el Centro Regional para los Derechos Fronterizos. Este promueve la coordinaci贸n entre las filiales de la ACLU del suroeste y desarrolla estrategias colectivas para responsabilizar a la CBP.

La ACLU, la ACLU de Arizona y MALDEF presentan una demanda colectiva contra el alguacil Joe Arpaio desafiando con 茅xito el sistema y la pr谩ctica de su oficina de perfilar racialmente a los residentes latinos durante los retenes de tr谩nsito y detenerlos ilegalmente bajo sospecha sobre su estatus migratorio. Tambi茅n presentan una demanda colectiva separada desafiando la propuesta 100 de Arizona, una enmienda constitucional estatal que prohib铆a la libertad bajo fianza para inmigrantes sospechosos de ser indocumentados, finalmente dicha ley es anulada en los tribunales.

La ACLU de Texas representa a nueve estadounidenses que desaf铆an al Departamento de Estado por negarse a expedir sus pasaportes debido a la regi贸n geogr谩fica de su nacimiento y porque sus partos fueron atendidos por parteras. La demanda colectiva fue presentada por la ACLU de Texas, la ACLU, el bufete de abogados internacional Hogan & Hartson LLP y Refugio del Rio Grande, Inc.

El Noveno Circuito confirma una orden judicial que ordena al gobierno ofrecer audiencias de fianza a los solicitantes de asilo detenidos durante seis meses o m谩s, despu茅s de que la ACLU presentara una demanda colectiva, Rodr铆guez contra Hayes, impugnando la detenci贸n prolongada de solicitantes de asilo sin una audiencia de fianza.

La ACLU de Arizona presenta una denuncia en materia de derechos civiles en nombre de cinco personas que fueron detenidas ilegalmente durante los 芦patrullajes preventivos禄 de la Patrulla Fronteriza en Arizona. La denuncia tambi茅n cita casos que involucran a residentes latinos de Tucson y otras ciudades de Arizona, as铆 como a residentes nativos americanos de la naci贸n Tohono O'odham, quienes han sido detenidos e interrogados por agentes de la Patrulla Fronteriza sin ninguna raz贸n aparente que no sea la percepci贸n de su raza o etnicidad.

Arizona aprueba la SB 1070, la ley 芦mu茅strame tus documentos禄, que somete a las personas que parecen o suenan 芦extranjeras禄 a retenes de tr谩nsito discriminatorios y controles de estatus migratorio. La ley tambi茅n autoriza a la polic铆a a arrestar a personas que se cree que pueden ser deportadas y tipifica como delitos estatales no portar documentos federales de inmigraci贸n y trabajar sin autorizaci贸n. Las filiales de la ACLU emiten alertas de viaje en las que se advierte a los residentes de su estado sobre el riesgo de ser perfilados racialmente si viajan a Arizona o transitan por su territorio.

La ACLU y sus filiales demandan a Arizona y a otros estados que promulgan leyes 芦imitadoras禄 de la SB 1070. La Corte Suprema de los Estados Unidos deroga tres de las disposiciones de la SB 1070, pero deja en vigor la disposici贸n que autoriza a la polic铆a a investigar el estatus migratorio durante los retenes de tr谩nsito. La ACLU anuncia un 芦fondo de guerra禄 para impugnar estas leyes en los tribunales y evitar su propagaci贸n a otros estados.

En Texas, los legisladores antiinmigrantes del estado fracasan por poco en su intento de aprobar una ley que imitaba la SB 1070. La ACLU de Texas estuvo tras de esto, activando las fuerzas del orden, las comunidades religiosas y las voces empresariales en oposici贸n a la ley, y movilizando la oposici贸n p煤blica para detener el proyecto de ley.

La ACLU de Texas presenta una demanda ante un tribunal federal de distrito solicitando una demanda colectiva por da帽os y perjuicios en nombre de tres mujeres inmigrantes que fueron agredidas sexualmente mientras estaban bajo custodia de ICE en el Centro Residencial Familiar T. Don Hutto en Taylor, Texas, junto con muchas otras personas que experimentaron un trauma similar. Este litigio fue un momento clave en la campa帽a de la ACLU y la ACLU de Texas contra la pr谩ctica de detener a ni帽os y familias inmigrantes.

El 9 de mayo, la ACLU del Centro Regional para los Derechos Fronterizos de Nuevo M茅xico, junto con la ACLU, presentaron una denuncia ante el DHS documentando abusos contra viajeros en los puertos de entrada en la frontera de Estados Unidos con M茅xico. La ACLU pide una investigaci贸n inmediata de las denuncias individuales de abuso por parte de CBP.

La ACLU del Centro Regional para los Derechos Fronterizos de Nuevo M茅xico y la ACLU presionan a la CBP para que desarrolle pol铆ticas que regulen el uso de la fuerza. La ACLU comienza a desarrollar recomendaciones para abordar los incidentes de uso de fuerza por parte de la CBP. Estas recomendaciones incluyen peticiones de revisiones espec铆ficas al Manual de Pol铆ticas de Uso de la Fuerza de la CBP; una mejora en el equipo donde se incluyan c谩maras corporales para los agentes de la CBP; un sistema s贸lido y transparente de supervisi贸n y rendici贸n de cuentas; y una petici贸n a la CBP para que desarrolle una pol铆tica de notificaci贸n y presentaci贸n de informes sobre todas las muertes que ocurren como resultado de un encuentro con la CBP.

La ACLU de Texas y la ACLU de Nuevo M茅xico demandan a la CBP y al Centro M茅dico Universitario de El Paso por registrar desnuda a una ciudadana estadounidense y someterla a seis horas de registros invasivos (incluyendo ex谩menes con sondas rectales y vaginales) sin orden judicial. Tres a帽os despu茅s, la CBP y el centro m茅dico llegan a un acuerdo r茅cord con la mujer por un total de m谩s de 1,5 millones de d贸lares. Las cuatro filiales del Border Humanity Project env铆an cartas a 40 proveedores de atenci贸n m茅dica que cubren 110 instalaciones advirti茅ndoles contra conductas similares y advirti茅ndoles sobre los derechos y responsabilidades del personal del hospital cuando se enfrentan a agentes federales que les solicitan que realicen registros invasivos e ilegales de cavidades corporales.

La ACLU de los Condados de San Diego y Imperial presenta una demanda colectiva en nombre de cientos de inmigrantes enga帽ados por el gobierno federal y deportados err贸neamente a M茅xico, negociando un acuerdo integral con el DHS que incluye un acuerdo que permite a los demandantes individuales y a una clase de personas calificadas regresar a Estados Unidos para buscar un estatus legal (L贸pez-Venegas contra Johnson).

Los residentes de Arivaca, Arizona, demandan a la Patrulla Fronteriza por su derecho a protestar contra las operaciones de los puestos de control (representados por la ACLU de Arizona y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial). El grupo People Helping People, hab铆a estado monitoreando la discriminaci贸n y el abuso racial en el puesto de control, y la Patrulla Fronteriza respondi贸 amenazando con arrestar a cualquier manifestante que se adentrara en una amplia 芦zona de control禄 que rodeaba el puesto de la patrulla.

La ACLU encabeza una carta de coalici贸n en la que pide al Comit茅 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que realice una evaluaci贸n del cumplimiento por parte de Estados Unidos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos (PIDCP) en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos en sus fronteras internacionales. En ella se llama la atenci贸n sobre la creciente militarizaci贸n de las comunidades fronterizas, las muertes a lo largo de la frontera, los abusos durante las detenciones y las traum谩ticas separaciones familiares.

La ACLU, la ACLU de Arizona y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial presentan el caso Rodr铆guez contra Swartz en nombre de Araceli Rodr铆guez, por el asesinato injustificado de su hijo, Jos茅 Antonio Elena Rodr铆guez, quien recibi贸 10 disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza que dispar贸 hacia M茅xico desde el lado estadounidense de la frontera. En septiembre de 2015, el agente Swartz fue acusado de asesinato en segundo grado, y fue la primera vez que un agente de la Patrulla Fronteriza fue procesado a nivel federal por asesinato.

La ACLU presenta dos demandas contra la pol铆tica de la administraci贸n Obama de encerrar a madres y ni帽os solicitantes de asilo en Texas y Nuevo M茅xico para intimidar y disuadir a otros de venir a Estados Unidos.

La ACLU de los Condados de San Diego y Imperial demanda a la ciudad de Escondido por violar la Ley federal de Vivienda Justa al negarse a aprobar un permiso para Southwest Key Programs, un contratista gubernamental sin 谩nimo de lucro que busca brindar vivienda a ni帽os no acompa帽ados que huyen de la violencia y la persecuci贸n en Centroam茅rica. Con el apoyo de la Divisi贸n de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la ACLU y el gobierno de Escondido llegan a un acuerdo para reparar la discriminaci贸n ilegal contra cientos de ni帽os vulnerables (Southwest Key Programs contra la ciudad de Escondido).

La ACLU y sus socios ganan un juicio por desacato civil contra el alguacil antiinmigrante Joe Arpaio y otros dos altos comandantes de la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Arizona por negarse a cumplir las 贸rdenes judiciales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta entonces cargos penales por desacato contra Arpaio.

La ACLU de Arizona y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial presentan una demanda en virtud de la Ley de Libertad de Informaci贸n que finalmente arroja decenas de miles de documentos que muestran el abuso y la negligencia generalizada de los ni帽os inmigrantes no acompa帽ados detenidos por la CBP. En 2018, los documentos se publicaron en conjunto con la Cl铆nica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

La ACLU de Arizona y sus socios presentan el caso de Doe contra Johnson, una demanda colectiva contra funcionarios del DHS, que cuestiona las condiciones en las celdas de detenci贸n de la Patrulla Fronteriza: hacinamiento, fr铆o extremo, privaci贸n del sue帽o, falta de atenci贸n m茅dica y privaci贸n de alimentos y agua. Los solicitantes presentan la demanda en nombre de todas las personas que ahora est谩n o estar谩n confinadas en un centro de detenci贸n de la CBP en Tucson durante una o m谩s noches. El tribunal otorg贸 una orden judicial permanente en 2020 ordenando a la agencia implementar varias reformas y permitiendo que los abogados de los demandantes monitorearan las condiciones en las instalaciones de Tucson.

Los l铆deres latinos en el condado de Maricopa desempe帽an un papel fundamental en la expulsi贸n del alguacil Joe Arpaio de su mandato de 24 a帽os. Durante las elecciones, Arpaio se vio obligado a soportar la carga pol铆tica de las impugnaciones legales en su contra, presentadas por la ACLU y otros. Adem谩s, sus oponentes se帽alaron los millones gastados en honorarios legales, da帽os y perjuicios, y la distracci贸n causada por sus controversias.

Despu茅s de que un agente de polic铆a de El Caj贸n, California, disparara mortalmente contra Alfred Olango, un inmigrante africano desarmado que sufr铆a una crisis de salud mental, la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial proporcion贸 a los manifestantes material y orientaci贸n sobre 芦Conoce tus derechos禄 y despleg贸 observadores legales para proteger el derecho de reuni贸n y protesta amparado por la Primera Enmienda.

Texas promulga la SB 4, una ley 芦anti refugio禄 que le exige al gobierno local y a los funcionarios encargados cumplir con las solicitudes federales de detenci贸n y llevar a cabo otras directivas federales de inmigraci贸n. La ACLU de Texas y la ACLU demandan, pero la ley sigue vigente despu茅s de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revoca el fallo del tribunal de distrito que hab铆a anulado casi todas las disposiciones del proyecto de ley.

El Centro Regional para los Derechos Fronterizos se traslada a Texas, con el apoyo de la ACLU. La ACLU de Texas lidera la continuaci贸n del trabajo de educaci贸n sobre 芦Conoce tus derechos禄, documentando la mala conducta del gobierno y abogando por reformas que protejan la vida y la dignidad humana. La oficina contin煤a siendo una colaboraci贸n de las cuatro filiales fronterizas.

Un juez federal bloquea una prohibici贸n de asilo de Trump que negaba ilegalmente a las personas que ingresaron entre los puertos de entrada la oportunidad de solicitar asilo, en respuesta a una demanda presentada por la ACLU, el Southern Poverty Law Center y el Center for Constitutional Rights.

La ACLU y sus afiliados en todo el pa铆s presentan acciones legales desafiando la prohibici贸n musulmana: la orden ejecutiva del presidente Trump que proh铆be a ciudadanos extranjeros de siete pa铆ses predominantemente musulmanes visitar los Estados Unidos y, adem谩s, suspende la entrada de refugiados de estos pa铆ses. El 26 de junio de 2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirma la tercera prohibici贸n musulmana impuesta por la administraci贸n Trump.

La ACLU y la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial presentan una demanda desafiando la pol铆tica de separaci贸n familiar de la administraci贸n Trump. La demanda, posteriormente ampliada a una demanda colectiva en marzo, fue presentada en nombre de una madre congole帽a solicitante de asilo que fue separada de su hija de 7 a帽os, uno de los miles de ni帽os que sufrieron crueldad innecesaria bajo una pol铆tica dise帽ada intencionalmente para separar a los ni帽os de sus padres. La demanda finalmente resulta en la reunificaci贸n de miles de ni帽os inmigrantes con sus familias (Ms. L. contra el ICE)

La ACLU y otros grupos presentan una demanda contra la implementaci贸n por parte de la administraci贸n Trump de los Protocolos de Protecci贸n a Migrantes, m谩s com煤nmente conocidos como 芦Permanecer en M茅xico禄, una pol铆tica que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en M茅xico en situaci贸n de riesgo mientras sus casos son considerados en Estados Unidos.

La ACLU de Nuevo M茅xico expone y pide a los funcionarios que investiguen las actividades de los Patriotas Constitucionales Unidos (UCP), un grupo armado que patrulla la frontera suroeste, toma como rehenes a decenas de familias inmigrantes y las entrega a la Patrulla Fronteriza. Finalmente, el l铆der del grupo es condenado por delitos federales con armas de fuego y UCP abandona sus actividades.

La ACLU de Texas emite un informe sobre el impacto del muro fronterizo federal y posteriormente acude a los tribunales para detener el muro junto con la ACLU y el Sierra Club. En julio de 2023, el caso finalmente se resuelve cuando el gobierno acepta detener la construcci贸n del muro y mitigar el da帽o ambiental en los sitios financiados ilegalmente por la administraci贸n Trump que utilizaba fondos robados del Departamento de Defensa.

La ACLU de Nuevo M茅xico y la ACLU de Texas exponen las actividades de 芦We Build the Wall禄 (WBW), una organizaci贸n respaldada por el estratega pol铆tico Steve Bannon que est谩 construyendo un muro fronterizo a trav茅s de propiedad federal en un punto donde las fronteras de Nuevo M茅xico, Texas y M茅xico se cruzan. Las filiales presionan a la Comisi贸n Internacional de Fronteras y Aguas para que imponga restricciones al muro, cosa que finalmente hace. Poco despu茅s, Bannon y el fundador de la organizaci贸n, Brian Kolflage, son acusados 鈥嬧�媎e delitos federales por fraude electr贸nico en un plan para desviar fondos recaudados de forma privada para WBW para uso personal de Kolflage. Este y otros dos funcionarios de WBW se declaran culpables, mientras que Bannon finalmente es indultado por el entonces presidente Trump.

La ACLU lanza Border Humanity Project, una nueva iniciativa multi estatal que alinea los esfuerzos de la ACLU y las cuatro filiales de la frontera suroeste. El proyecto tiene como objetivo fortalecer el trabajo, la capacidad y el poder de movilizaci贸n de la ACLU a nivel nacional en pro del trato humano, equitativo y legal de los residentes y migrantes fronterizos.

La ACLU, la ACLU de Texas y sus socios legales presentan una demanda buscando el cese inmediato de la pol铆tica de expulsi贸n establecida en el T铆tulo 42, que restring铆a ilegalmente la inmigraci贸n en la frontera bas谩ndose en una invocaci贸n ilegal y sin precedentes de la Ley de Servicios de Salud P煤blica.

Con el apoyo de los socios de la coalici贸n, en el 2021, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprueba un presupuesto al condado de 7.230 millones de d贸lares que refleja los valores y prioridades compartidos por la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial. Se incluyeron fondos para la creaci贸n de una Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados, el Programa de Defensa Legal de Inmigrantes y Asistencia Monetaria para Inmigrantes de Bajos Ingresos.

Adem谩s, la ACLU de los Condados de San Diego y Imperial y sus socios de la coalici贸n abogan con 茅xito para que la Junta de Supervisores del condado de San Diego asigne 3 millones de d贸lares a servicios de acogida humanitaria para los migrantes liberados en las calles por la CBP.

Despu茅s de que la ACLU de Nuevo M茅xico, la ACLU de Texas, y socios de la comunidad documentaran las altas tasas de muertes y lesiones graves resultantes de las persecuciones vehiculares de la Patrulla Fronteriza, la CBP hace una revisi贸n significativa de su pol铆tica de persecuci贸n vehicular. La ACLU de Nuevo M茅xico analiza la nueva pol铆tica en un informe ampliamente distribuido, en el que identifica preguntas cr铆ticas sobre c贸mo la CBP planea implementar la nueva pol铆tica.